Por Dennis P. Petri, Christy Quesada Segura & Mauricio Cerdas

En el debate sobre el llamado “Paquete Fiscal”, muy poco se ha oído el aporte desde el sector cristiano. En esta contribución, se pretende dar un panorama de cómo debería organizarse un sistema de tributación en función de principios cristianos, que integre la perspectiva de la familia y otros valores bíblicos. De forma posterior, estos principios serán confrontados con el proyecto de ley presentado por el gobierno de Costa Rica.

Como ya se ha indicado antes en este espacio, el punto de partida de la Política Cristiana – y de cualquier política pública que pretende ser cristiana – es la cosmovisión bíblica, es decir la visión del mundo que nos enseña la Biblia (creación, pecado y redención). Esta cosmovisión nos enseña una visión de la sociedad (y de su gobierno) que deberían organizarse en función de en una serie de principios: reconocimiento de la Soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida, el mandato de promover la Justicia Social (Salmos 82), la Mayordomía (Génesis 1), la Obediencia y el Servicio a Dios (Romanos 13) y la institución de la Familia.

Se insiste en la familia, porque la familia es una institución puesta por Dios y por esta razón se considera que es la piedra angular de la sociedad. Es el fundamento sobre el cual se edifican todas las demás estructuras e instituciones sociales. Como cristianos tenemos la revelación que familias fuertes y estables son una condición del desarrollo, siendo el vector de la transformación mental, cultural y social de la sociedad.

De ahí que se pueden enunciar varias implicaciones para el sistema tributario. En primer lugar, cumpliendo con la misión de promover la justicia social, la recaudación ha de ser equilibrada y justa. Se sabe que la tributación tiene un impacto sobre la economía y sobre el ingreso, por lo que desde una lógica redistributiva, se considera que los más fuertes tienen que llevar la mayor carga.

Por otra parte, la mayordomía (“buena gestión”) implica que el gobierno tiene la responsabilidad ante Dios de tomar buenas decisiones, buscando siempre Su sabiduría. Además, los ciudadanos han de exigir del gobierno que ahorre y que sea eficiente con los fondos recaudados y que lo gaste en función del interés general.

La recaudación tiene que verse como un instrumento para estimular comportamientos deseables y desincentivar comportamientos no deseables. En este sentido, la política fiscal es el instrumento por excelencia para fortalecer a las familias. Se establece como principio que la familia – el hogar – ha de ser la unidad de referencia en las políticas fiscales y no el individuo. De lo anterior se deducen medidas auténticamente justas como: imponer menos a las familias con muchos hijos, no levantar el Impuesto sobre el Valor Agregado sobre los productos de la canasta básica o sobre libros escolares y servicios de educación en general. Además, se recomienda abrir un debate sobre deducciones para las familias que están pagando casa, como un incentivo para que los hogares se vuelvan propietarios.

El Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria pretende mejorar las finanzas del estado en un 4% del PIB anual ¢800.000 mil millones ($1.600 millones) través de tres grandes conceptos: contención del gasto público (0.5%), lucha contra la evasión (1.0%) reforma fiscal (2.5%).

Para lograr la sostenibilidad fiscal, el gobierno levantará impuestos adicionales e incrementará los existentes. Sin embargo, se considera que la contención del gasto público es insuficiente, pues no se recortarán salarios. Al contrario, se mantendrá el tamaño actual del sector público, lo cual hace dudar de la mayordomía en la administración de los recursos públicos.

Como se puede observar, el gobierno pretende hacer un esfuerzo mínimo en cuanto a la contención del gasto público, apostando excesivamente sobre una lucha contra la evasión. La pertinencia de esta estrategia es cuestionable, porque no se han presentado mecanismos creíbles que permitirán luchar efectivamente con la evasión.

Asimismo, en lugar de financiar programas sociales costosos y cuya efectividad es discutible, este proyecto de ley es una oportunidad pérdida para fortalecer a las familias. En lugar de levantar impuestos que perjudicarán a hogares con escasos recursos, el sistema tributario debería considerar la perspectiva de la familia y asumir el imperativo de llevar a las familias a su potencial.

Misión: Somos misioneros políticos, el punto de encuentro para la red de actores políticos cristianos en América Latina. Asesoramos y brindamos servicios a sus miembros a través de capacitaciones, investigaciones, incidencia política o cualquier otra iniciativa. Representamos la Nueva Política Cristiana.

Visión: Ser la referencia para la expansión y el posicionamiento estratégico de la Política Cristiana en América Latina, donde los actores políticos cristianos (católicos, protestantes y todos los seguidores de Jesús) constituyan una red regional de apoyo, promoviendo una visión cristiana en la política y en las políticas públicas.

Dennis P. Petri (Director): 8992 0901
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